Manifiesto por la Libertad Política. El Jaque Mate a la Partitocracia.

Es la libertad fundadora de las libertades individuales y eso sólo es posible si los individuos del colectivo (Nación) son libres para elegir directamente a sus representantes constituyentes para que redacten una Constitución, libres para elegir directamente a su Presidente de Gobierno que conformará el Poder Ejecutivo y libres para elegir directamente a sus representantes de Distrito que conformarán el Poder Legislativo para que redacten y aprueben las leyes.

Es la acción política que ejerce una persona elegida de forma directa y con mayoría absoluta por un colectivo de ciudadanos para que represente sus intereses mediante un mandato imperativo con sistema de revocación inmediata en caso de incumplimiento del mandato.

Es un sistema de Gobierno basado en la separación del Poder Legislativo (Nación) frente al Poder Ejecutivo (Estado), la Independencia de la Justicia y el principio de representación política.

La Democracia Formal permite a los ciudadanos elegir de forma directa y con mayoría absoluta a una persona que represente sus intereses en el Legislativo (Diputado de Distrito) o frente a otras Naciones y Organismos Internacionales (Presidente del Ejecutivo).

1. Elecciones al Ejecutivo: Elección del Presidente del Ejecutivo de forma directa por distrito único Nacional y por mayoría absoluta (doble vuelta).
   
2. Elecciones al Legislativo: Elección de los representantes de distrito (100.000 habitantes) de forma directa por mayoría absoluta (doble vuelta) y con mandato imperativo del distrito (revocación inmediata por incumplimiento del mandato).

La separación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo rompe su relación de dependencia entre sí, pero siguen dependiendo de la Sociedad Civil pues la elección de sus miembros depende de ella.

La Justicia tiene que ser absolutamente independiente pues tiene que juzgar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a la propia Sociedad Civil.

La Justicia se limita únicamente a dictar sentencia de acuerdo a la Ley que emana del Poder Legislativo (Nación) sin mirar las consecuencias de dicha sentencia. Por eso se la representa como una mujer ciega con una balanza en una mano y una espada en la otra.

• Con el autogobierno y autogestión de sus miembros para la designación de sus cargos.

• Con presupuesto propio, elaborado por el Consejo de Justicia y presentado ante el Tribunal de Cuentas para su revisión antes de ser incluido en los Presupuestos Generales del Estado.

• Con una Policía Judicial propia independiente del resto de cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

Con éstas medidas se garantiza su independencia frente a cualquier poder político, mediático o presiones de sectores de la propia sociedad civil.

La civilización consiste en devolver a la Sociedad Civil lo que nunca debió serle robado para corromperlo.

Eso se consigue mediante la financiación por cuotas fijas de afiliados/asociados, quedando prohibidas las subvenciones estatales y las donaciones de personas jurídicas (empresas, corporaciones multinacionales, ONGs, fundaciones, asociaciones, etc.) para evitar que se conviertan en poderes fácticos.

Los poderes deben vigilarse y contenerse recíprocamente, de lo contrario la corrupción es inevitable.

La única manera de conseguirlo es evitando toda relación de poder entre ellos, es decir:

– Que las personas que los ostenten sean elegidas mediante elecciones separadas en el tiempo: elecciones presidenciales por un lado, elección de los diputados en cada distrito por otro.

– Que ninguno de ellos pueda ejercer funciones del otro: el gobierno jamás puede hacer leyes, las hacen los diputados por sí mismos sin que el presidente tenga nada que decir.

– Que ninguno salga del otro: los diputados no pueden votar, vetar o elegir al presidente ni a sus ministros.

– Que la misma persona no esté en ambas instituciones al mismo tiempo: un diputado no puede ser a la vez ministro

– Que se puedan controlar mutuamente, que estén enfrentados: los diputados podrán destituir al presidente del gobierno a condición de disolverse y, de igual forma, el presidente podrá disolver el Congreso de los diputados a condición de dimitir, dando pie a nuevas elecciones.

Sólo así serían cámaras estancas, sin tener influencia el uno en el otro, estando enfrentados por el bien de los gobernados.

En España, los jefes de partido, que aspiran a presidir el poder ejecutivo (el gobierno), eligen a los diputados (poder legislativo) confeccionando las listas de partido. El pueblo es llamado a las urnas y vota esas listas, a menudo sin saber siquiera quiénes son los que allí aparecen, sólo por las siglas. En función del número de votos que cada lista consigue en cada circunscripción provincial (el voto no vale lo mismo según la provincia), se establece un reparto de escaños que genera una cuota de poder, ya que los diputados de cada partido obedecen como un único cuerpo lo que su jefe de partido ordena.

Una vez en el poder, ¿a quién obedecen los diputados?, ¿a los votantes que han ratificado la lista de partido, en la que no han podido elegir a ni uno solo de los nombres?, ¿o al jefe de partido que lo ha puesto en la lista y al que deben su salario y todos sus privilegios? El empleado obedece al jefe. ¿Acaso algún diputado vota en contra de su propio partido para defender los intereses de los votantes de su circunscripción? Y si fuera así, se consideraría un traidor dentro del partido y se le aplicaría lo que se conoce como “disciplina de voto” y sería multado o expulsado del partido, quedando secuestrados los intereses reales de la ciudadanía por los partidos. Si una lista no ha conseguido la mayoría absoluta, se realizan pactos entre los jefes de los partidos para conseguir que el jefe de partido que tiene más votos de entre los que pactan pueda tener el apoyo de otro jefe cediéndole sus diputados. Este “trapicheo” ocurre a nivel estatal, autonómico y municipal.

¿Qué separación de poderes puede existir donde el pacto entre partidos hace y deshace gobiernos? En esta partitocracia, todo se reduce al pacto y al reparto que surge tras éste. No hay constitución que limite el poder.

¿Es más fácil corromper a una sola persona que manda sobre el resto, o corromper uno por uno a 350 diputados libres?

Es necesario que el órgano superior que dirige y administra la Justicia (el CGPJ) no tenga relación alguna con los políticos. Ni el poder ejecutivo ni el legislativo pueden participar en su formación. Tal órgano debe ser elegido de forma directa por todos aquellos ciudadanos pertenecientes al mundo jurídico (abogados, jueces, procuradores, magistrados, etc.). Este órgano debe contar con presupuesto propio y policía judicial propia.

En España actualmente esto es ciencia ficción, el CGPJ es elegido por el poder legislativo y ejecutivo (políticos), y estos a su vez eligen al Tribunal Supremo. De igual forma, el Tribunal Constitucional (que no requiere que sus integrantes sean jueces) es elegido directamente por los políticos, y es utilizado por estos para corregir las sentencias del Tribunal Supremo que, excepcionalmente, no son de su agrado.

Asimismo, España cuenta con un Ministerio de Justicia y un Ministerio Fiscal, de tal manera que el Fiscal General del Estado depende del gobierno. La persona que debe acusar a un político, depende de que el político le dé la orden. Por no hablar de la figura del “aforamiento”, por la cual sólo el Tribunal Supremo puede juzgar a los diputados, pidiendo permiso previamente al Congreso, o sea a los mismos diputados. Estos privilegios y sinsentidos son inaceptables.

Exigimos un cambio del sistema electoral para que los electores tengan verdaderos representantes que velen por sus intereses, elegidos directamente, sin listas de por medio, que actúen de acuerdo a lo que sus votantes le manden a la hora de redactar nuevas normas, suprimirlas o modificarlas. El sistema electoral se ha de componer de dos votaciones separadas: una para el legislativo y otra para el ejecutivo.

Por una parte, la elección al legislativo mediante circunscripciones o distritos uninominales que abarquen en torno a los 100.000 habitantes aproximadamente cada uno. Cada distrito electoral se corresponderá con un escaño en el parlamento y contará con una oficina donde el representante electo o su suplente atenderá a sus electores permitiendo una conexión constante entre los electores y su representante. Cada distrito celebrará unas elecciones a la que se presentarán candidatos de forma individual, poniendo su nombre y apellidos en las papeletas, independientemente de que pertenezcan a un partido político -los partidos tratarán de presentar a su candidato más capaz en lugar de al más obediente-, sin las siglas por delante. Como condición para ser candidato podría establecerse el requisito de conseguir un número de firmas -a determinar- por parte de los electores del distrito al que se quieren presentar y estar censados en el distrito.

La votación la gana el más votado, sin proporciones ni Ley D,Hondt ni ninguna otra complicación innecesaria. Si en la votación ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, se hará una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos. Más les vale a los candidatos que sus propuestas y su voluntad política se amolde a lo que la mayor parte de sus electores demanden si quieren hacerse con el escaño de ese distrito y mantenerlo en el tiempo.

Si los electores del distrito ven que el representante está incumpliendo el programa electoral o no atiende a los intereses del distrito, pueden emprender un proceso de revocación (mediante firmas, por ejemplo) y destituirlo sin esperar 4 años. Dado que cada diputado defenderá a su distrito, desaparece la necesidad de autonomías que acerquen esta atención a las regiones y el sentimiento de muchos ciudadanos de que deben votar a partidos regionalistas para que atiendan sus intereses locales. Las leyes se harán de abajo hacia arriba, los intereses del ciudadano serán discutidos en el Congreso de los diputados en lugar de ser los diputados quienes inventan qué debe interesarnos. Que haya leyes que nadie quiere será impensable, como la tasa de autónomos, las leyes que permiten la okupación, la Ley Mordaza, la impunidad de los políticos, los impuestos abusivos.

Por otra parte, la elección del presidente del gobierno mediante una circunscripción única para todo el territorio nacional, un español un voto. No se votarían partidos sino candidatos, que tendrían papeletas con su nombre y apellidos, aunque el candidato pertenezca a un partido. El candidato con más votos toma posesión de la presidencia del gobierno. Si no hay mayoría absoluta de ningún candidato, se hará una segunda vuelta entre los dos candidatos que más votos han obtenido en la primera. Una vez elegido no hay más pasos a seguir, no hay más esperas, es libre de designar sus ministros, sin pactos, sin deber favores a independentistas o partidos bisagra, con total libertad de acción para actuar durante su mandato, dentro del marco limitado por las leyes que hagan los diputados.

Impedir que haya alianzas con intereses espúreos entre grupos de poder, contrarios a los intereses de los gobernados, y desviación de fondos públicos a tales grupos.

Los partidos no son corporaciones gubernamentales, son órganos que han de pertenecer a la sociedad civil y que deben defender los intereses de las personas que los integran, no los del Estado.

Actualmente con nuestros impuestos subvencionamos a todos los partidos políticos, incluídos aquellos a los que jamás hemos votado (un votante “de derechas” está dando dinero partidos “de izquierda” y viceversa). No se trata del sueldo que reciben los políticos como cargos públicos sino grandes cantidades de dinero que van al partido para sus gastos internos en el ámbito privado.

Entendemos que para su transparencia e independencia estos representantes deben autofinanciarse exclusivamente con las cuotas de los afiliados.